2009
Nuevo proyecto de ley para garantizar el trato preferencial a discapacitados
El diputado Juan Carlos “Kico” Souza presentará en los próximos días un proyecto de ley que tiene como objetivo garantizar, en todas las oficinas públicas y privadas que atiendan al público, un trato especial a las personas con discapacidades, mujeres embarazadas y adultos mayores con problemas de movilidad. Ya sea para hacer un trámite o cualquier gestión, este proyecto obliga a que dichos lugares tengan personal capacitado para ayudar a las personas con dificultades y que sepan lenguaje de señas, así como también se deberá contar con señalización especial para sordos.
Por Erika García.
Dichos lugares deberán brindar atención prioritaria a las personas con dificultades, lo que define el proyecto como “la atención prestada en forma inmediata evitando ser demorado en el trámite mediante la espera de un turno”. En caso de aquellos organismos que tienen siempre largas colas de espera, éstos deberán contar con un puesto de atención especial para discapacitados, embarazadas o adultos mayores.
Estos centros de atención tendrán que contar también con “señalización, avisos, información visual y sistemas de alarmas luminosas aptos para su reconocimiento por personas con discapacidad auditiva”, y con pantallas informativas con subtítulos. A su vez, el proyecto plantea que los lugares de atención al público gradualmente tendrán que contar con personal capacitado, funcionarios que estén preparados para tratar con personas con cierto tipo de dificultad, por ejemplo, que manejen la Lengua de Señas Uruguaya.
Este proyecto de ley fue realizado a raíz de problemas que surgieron y surgen en nuestra sociedad por diferentes motivos, un ejemplo de ello: las colas para sacar la credencial frente a la Corte Electoral. Souza dijo a Magazine Luz Verde, que para un mismo trámite “en la oficina de la Corte Electoral de la Ciudad Vieja la gente en situación de embarazo hacía cola como todo el mundo y no tenía prioridad (ni las personas con discapacidad o con problemas de movilidad), y sin embargo en otra oficina de la Corte Electoral en Montevideo, pero en otro barrio, el trato era diferente, lo cual dejaba evidenciado que en el mismo organismo había criterios distintos para este tipo de situaciones”.
En el proyecto se especifica también que habrá un lugar donde las personas puedan hacer las denuncias por el incumplimiento de esta normativa, que será definido en la reglamentación de la ley. De todas formas también establece que las personas pueden plantear su queja ante las autoridades del organismo público o la empresa privada.
Por el incumplimiento a la ley los diferentes organismos o empresas recibirán multas. Las mismas serán, según la gravedad de la infraccion, de entre 10.000 y 50.000 unidades indexadas (entre $19.254 y $ 96.270). Además de las sanciones, en caso que el proyecto sea aprobado, las empresas u organismos que incumplan la ley quedarán fichadas en un registro nacional de entidades infractoras.
Entrevista al diputado Juan Carlos “Kico” Souza, autor del proyecto de ley.
Luis Agustin Quiñones Arreola
Algunos empleados y funcionarios publicos desconocen esta disposición de ley, por lo que a los de capacidades diferentes nos relegan a hacer fila, caso en iste Navojoa, Sonora.
Agradecere hacer llegar sus instrucciones a dicha institución.
Cresencio
Seria bueno incluir en el proyecto, una compensación adicional, ejemplo:
1.- Las personas con discapacidad que se jubilen deberían gozar de la cedula viva de la ley 20530.
2.- Las personas con discapacidad que estén en capacidad de prestar sus servicios en las instituciones públicas, deberan recibir un contrato por sus servicios hasta una 1 UIT vigente, siempre y cuando estas personas con discapacidad puedan contratar los servicios para su atención (rehabilitación física, atención médica, etc.) y se actualicen permanentemente en el desarrollo de su capacidad con idoneidad, creando de este modo más empleo.
3.- Las personas con discapacidad que puedan producir, podrán participar en las adquisiciones del estado como empresa, teniendo un alcance de hasta un 30%.
4.- Las personas con discapacidad de estado muy grave, podrán participar los familiares, parientes u otros, previa autorización del juez, bajo una tutoría en los contratos por adquirir.