Jornadas de orientación laboral para personas con discapacidad

Persona en silla de ruedas en su oficina de trabajo.

La semana pasada se realizaron dos jornadas sobre “Orientación laboral y población con discapacidad”, en el marco del Proyecto de Fortalecimiento de la Dirección Nacional del Empleo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo (AECID).
Las jornadas estaban dirigidas a funcionarios de la Dirección Nacional de Empleo, y expusieron integrantes de la Comisión Honoraria Nacional del Discapacitado (CHND), del Banco de Previsión Social (BPS), la Unión de Ciegos del Uruguay (UNCU) y del Proyecto de Capacitación Laboral de Personal con Discapacidad (PROCLADIS). La iniciativa de este encuentro fue sensibilizar y capacitar sobre “la inserción laboral para personas con discapacidad”.
Uno de los que expuso fue el director de Procladis, Eduardo Sívori, quien dijo que la inserción en el mercado laboral es un derecho que cualquier persona que cumpla los requisitos para un puesto de trabajo debería tener, más allá de ser una persona con discapacidad. Para esto, afirmó Sívori, resulta necesario hacer espacios públicos que les posibilite moverse adecuadamente, y crear un ambiente laboral, social y tecnológicamente acorde para poder trabajar.
Asimismo, la encargada de Prestaciones Sociales del Banco de Previsión Social (BPS), Griselda Salvo, expresó la importancia de tener en cuenta la terminología a utilizar cuando se habla de integrar o incluir a una persona con discapacidad. “Integrar no es lo mismo que incluir, ya que una persona discapacitada puede estar integrada pero no tener las mismas herramientas que otros para el aprendizaje o el trabajo, necesita de facilidades que lo incluyan al sistema”, aseguró la asistente social.
Si bien es positivo que se hicieran las jornadas de capacitación sobre la inserción laboral para las personas con discapacidad, por otro lado falta concientización en el sector público y privado para incluir a personas con discapacidad ya que por ejemplo, por ley el Estado tiene la obligación de que el 4 % de sus trabajadores tengan alguna discapacidad, y esto actualmente no se cumple en su totalidad.

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