Entrevista al diputado Juan Carlos “Kico” Souza

¿Cómo surgió la idea de elaborar el proyecto de ley de atención prioritaria para discapacitados?

A raíz de una situación generada en la Corte Electoral cuando vencía el plazo para sacar la credencial, situación que fue pública y notoria, hubo un medio de prensa que tomó contacto con el despacho para ver si le podíamos dar información sobre la legislación al respecto. Nosotros nos pusimos a investigar y nos dimos cuenta de que no existía ningún tipo de legislación que regulara esa situación, lo cual obviamente nos llevó a pensar que era algo de uso, de sentido común.

Obviamente no siempre se aplica el sentido común, y eso quedó en evidencia cuando en la Corte Electoral, en la oficina de la Ciudad Vieja, la gente en situación de embarazo, las personas con discapacidad o con problemas de movilidad, hacían cola como todo el mundo y no tenían prioridad, y sin embargo en otra oficina de la Corte Electoral en otro barrio, el trato era diferente, lo cual deja en evidencia que en el mismo organismo hay criterios distintos para este tipo de casos.

Sabemos y tenemos conocimiento que en algunos organismos públicos hay disposiciones internas que establecen una atención prioritaria en estos casos, pero no es una norma genérica que se aplique en todos lados, a la que todos estén obligados.

A partir de eso nos preocupamos por tratar de seguir investigando y dialogando con algunos compañeros legisladores.

Hay compañeros que entienden que este tipo cosas no deberían legislarse, en el sentido de que esto debería ser algo natural, de solidaridad. Reglamentar el sentido común es medio complicado, más que son normas de buena urbanidad, de buen relacionamiento ciudadano. Pero cuando en la práctica, en la vida cotidiana eso no se da, nosotros en lo personal, no obstante la opinión respetable de los compañeros, entendíamos que de alguna manera teníamos que tomar una iniciativa en ese aspecto.

Entendimos que teníamos que empezar a elaborar un proyecto de ley que pudiera dar las garantías a las personas que están con sus capacidades disminuidas, ya sea en forma permanente o transitoria, como puede ser un embarazo, una persona que sea haya fracturado una pierna o lo que fuere, para que pudiera eventualmente tener un espacio, en cualquier ámbito público o privado, donde ante la ansiedad de hacer cola de espera tuviera un trato preferencial.

Atendiendo esa situación, tomamos contacto con (el diputado) Pablo Álvarez, con quien integramos la comisión de Población y Desarrollo, porque Pablo ha estado muy preocupado por este tema de accesibilidad y de la discapacidad.

Nosotros tenemos un proyecto de ley que está prácticamente pronto, probablemente esta semana lo entremos a consideración de la bancada del Frente Amplio. Una vez que la bancada lo considere debería tomar el trámite normal dentro de la comisión que corresponda.

La ley tiene como título Proyecto de Ley de Atención prioritaria de mujeres embarazadas, personas con discapacidad física o adultos mayores e información adecuada para personas con discapacidad auditiva y de hipoacusia, que esto fue un aporte que nos hizo (el coordinador de la Secretaría de la Discapacidad de la Intendencia de Montevideo) Federico Lezama y que nos pareció oportuno también incluir en la ley, para que no quedara tan acotado a un solo tema en particular como el embarazo sino que fuera un poco más abarcativo.

El proyecto en primer lugar fija la prioridad para las personas en las situaciones anteriormente descriptas en todos los lugares de atención al público. Nosotros arrancamos pensando que si en el transporte de pasajeros hay asientos destinados a las personas con discapacidad o personas con situación de embarazo, y necesariamente el encargado del vehículo está obligado a exigir a los pasajeros que se les ceda esos lugares a las personas con discapacidad, ¿por qué no tener lo mismo para las personas que están esperando o haciendo cola para ser atendidos? Específicamente para eso, y en el caso de tener que hacer colas, que haya personal o una atención especifica aparte para poder darles trámite rápidamente a esas personas.

El otro tema tiene que ver con cartelería indicativa, para que las personas que tienen problemas auditivos sepan adonde deben dirigirse sin más trámite que estar preguntando o ponerse en una cola porque no tienen claro a que lugar ir.

Aparte de eso fija un plazo, para que la ley se reglamente por decreto.

Nosotros somos consientes que este tipo de normativa obliga destinar áreas y personal. El proyecto no marca un plazo, sino que es algo progresivo, pretendemos que progresivamente se empiece a exigir por ejemplo: que haya personal de atención al público con manejo las lenguas de señas, para que pueda interactuar con la persona que eventualmente esta requiriendo un servicio de atención.

Sabemos que esto implica obviamente modificar algunas cosas, capacitar gente, no todos los organismos públicos u oficinas privadas tienen este tipo de atención, pero creemos que tiene mucho que ver con el tema de la responsabilidad social y empresarial, y por allí creemos que es una manera de empezar a exigir ese tipo de cosas. La idea es marcar un plazo prudencial para avanzar en eso, el tema del acondicionamiento físico, lo que es mobiliario y señalización. Marcar un plazo prudencial para que se empiece a cumplir, pero que eso este en la norma en carácter obligatorio.

En el proyecto está planteado el tema de aplicación de multas sí, porque hacer una ley y no poner una penalización por incumplimiento es lo mismo que la nada, es letra muerta. Entonces nos pareció oportuno agregar un capítulo de un artículo que hiciera referencia a las sanciones en caso de incumplimiento.

Planteamos crear un registro público, que se publicite a través de los medios que entiendan pertinente, un registro de infractores o de aquellas empresas que una vez cumplidos los plazos no cumplan con la ley, de manera tal que la gente conozca quienes son las empresas que no están cumpliendo con la ley. Es una manera también aplicar una sanción social más que nada.

Ojala fuera por el tema de la conciencia, pero llegado el caso pretendemos que si es necesario, compulsivamente empiecen a adaptar el funcionamiento en los ámbitos de atención al público. Como ejemplo explicativo digo: un banco presta servicios, si vas a un banco ves que hay una caja preferencial para los grandes clientes, porque son personas con mucho dinero, etcétera, tiene un trato preferencial. Ahora bueno, si el banco puede tener una atención especializada y preferencial para los grandes clientes, más que más para las personas en situación de discapacidad momentánea o permanente, para que también tengan un trato preferencial, desde el punto de vista de una cuestión humanitaria más que nada.

No, no. Justamente te reitero, nos motivo a trabajar en este sentido fue esta situación que se dio con la Corte Electoral. Fue una situación muy chocante, muy enojosa, muy injusta, y nos pareció oportuno porque ahí empezamos a intercambiar opiniones, había algunos compañeros que entienden que esto no se debería legislar…

Está un poco aquello también de la cuotificación; yo apoyo la participación de la mujer en la política, pero soy contrario a la cuotificación porque creo que es discriminatorio. Hay compañeros que dicen que es una discriminación positiva de alguna manera.

Bueno esto es lo mismo, no deberíamos, debería ser un tema de sentido común, las normas de humanidad, de relacionamiento, el sentido solidario nos debería mover a atender en forma especial esta situación. Ahora, como eso no se da cotidianamente, y no todos tenemos porque tener las mismas normas de conductas de urbanidad y el mismo sentido común, creímos necesario legislar. Si se quiere puede ser una discriminación desde el punto de vista positivo también.

En año electoral se legisla hasta setiembre. ¿Qué pasará con este proyecto? ¿Tiene expectativa que se apruebe antes de setiembre?

Es difícil, salvo que haya un amplio consenso, eso es lo que vamos a tratar de procurar. Primero que nada vamos a tratar de convencer a nuestros propios compañeros en la bancada del FA, vamos a invitar al resto de nuestros compañeros del FA a que se hagan autores junto con nosotros del proyecto y que lo firmen como proyecto propio, para que sea un proyecto de la bancada del FA. Si toda la bancada del FA está de acuerdo, lo firma y hace suyo este proyecto, probablemente tengamos muchas más posibilidades de avanzar rápidamente con los sectores de la oposición para buscar sancionar este proyecto.

Desde mi punto de vista no debería ofrecer mayor resistencia. No va a ser fácil aprobarlo antes de septiembre porque primero va a comisión en Diputados, la comisión lo estudia, si hay acuerdo se saca rápidamente, se hace el informe, va al plenario, se aprueba y después tiene que ir al Senado. Tenemos que articular con la bancada del Senado para que también lo apruebe antes de setiembre.

Si no fuera así, el proyecto de ley queda presentado en la comisión. Todas las leyes que están en tratamiento y no se han aprobado pasan a archivo, pero inmediatamente instalado el nuevo Parlamento cualquier legislador pueda pedir el desarchivo del proyecto y volver a ponerlo en funcionamiento nuevamente a discusión.

Capaz que fue muy sobre la fecha, pero al menos nos importa poner el tema arriba de la mesa y en un proceso de discusión, de concientización a nivel de los legisladores. Si nosotros logramos con esto sacar el proyecto de ley en esta legislación seria fenomenal.

Si no logramos con eso aprobarlo en esta legislatura; pero por lo menos dejar sentado ya la discusión del tema, el intercambio de opiniones a nivel de la conciencia de los legisladores, nos parece que es avanzar algo, ya que para el año que viene la nueva integración de la cámara puede tener un proceso avanzado en la discusión del tema.

¿El proyecto plantea en qué organismo se puede radicar las denuncias por incumplimientos?

Esa fue una discusión que tuvimos, adonde derivamos a la gente de manera tal de que no establecer un lugar que terminara siendo un impedimento para hacer la denuncia.

Pensamos, para darles un ejemplo, en el Ministerio de Educación y Cultura, pero de repente al que está en Montevideo ir al MEC no le cuesta mucho, pero imagínate el que vive en Bella Unión, en Salto o en el Chuy. Le estás generando un derecho y le estas diciendo puede recurrir para exigir ese derecho, pero tiene que venir a Montevideo; tiene que hacer un trámite en Montevideo.

Nosotros planteamos que las oficinas públicas tienen que tener a disposición de los usuarios las formas para hacer la denuncia o presentar la queja en la propia oficina, y que esa oficina tiene que dar cuenta (artículo 6 del proyecto).

Sí, claro.

De todas formas lo primero que establece el proyecto es que podés recurrir ante las autoridades de ese mismo organismo o la empresa privada.

Y por supuesto si es aprobada la ley se puede recurrir a la Justicia si no se cumple la norma.

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